El Gobierno reduce los costes del sistema eléctrico y limita la subida de la luz al 7% en abril.
Resoluciones judiciales recientes obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros que, de cargarse únicamente en el consumidor, supondría subir la tarifa de la luz más de un 30%.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones y, paralelamente, aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema en unos 1.400 millones. Para los consumidores domésticos supondrá un alza media del 7%. Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste se produjo porque se adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del sistema al tiempo que se encarecieron dichos costes. El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de más de un 30%.

Las medidas de ajuste aprobadas buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas para recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.

Subida de tarifas

La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7%. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, PYMES, y sectores industrial medio y gran industrial supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.

Recorte de costes

La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del sistema, afectando a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado por la aplicación de estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.

Distribución

Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno, lo que permitirá una reducción de costes de unos 700 millones de euros. Se retribuye, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente. Pagos por capacidad Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo.  Se incluyen dos tipos de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y la disponibilidad de generación a medio plazo.  En el actual contexto de reducción de costes del sistema, el Gobierno considera posible una reducción en esta retribución de unos 80 millones de euros.

Financiación del Operador del Sistema Eléctrico

La financiación del Operador del Sistema Eléctrico, que va con cargo a tarifa y asciende a unos 20 millones de euros, se realizará con cargo a los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a como se financia el Operador del Mercado OMIE. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.

CNE e IDAE

Para la reducción de costes del sistema, se emplearán unos 60 millones de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y unos 600 millones remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), según estimaciones.

Interrumpibilidad

El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros.

Restricciones por garantía de suministro

El RD de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida en alrededor de 50 millones de euros.

Transporte

La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes, se modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013.

Sector del gas

El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de desequilibrios como los registrados en el sector eléctrico. Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes.

Al igual que en este sector, el Gobierno ha optado por repartir el desajuste existente aumentando los ingresos y reduciendo los costes. Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5% en lugar del 13,3% que debería haber subido de no aplicar recorte de costes. Entre las medidas de reducción de costes cabe destacar la suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península, la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.

Para las solicitudes presentadas entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se subvencionará un 25% del precio de venta, con un máximo de 6.000 euros por vehículo para flotas y usuarios particulares y de 30.000 euros para los vehículos grandes, dependiendo del tipo de vehículo.

La cuantía de ayudas se adecúa a las restricciones presupuestarias enmarcadas en el esfuerzo del Gobierno para reducir el déficit público. Estas ayudas persiguen estimular la demanda de vehículos eléctricos, y con ello promover las sinergias positivas entre los sectores de automoción y energía, y fomentar desarrollo tecnológico e industrial.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la cuantía de ayudas para 2012 para la adquisición de vehículos eléctricos, con las mismas normas reguladoras y el sistema de gestión que las ayudas aprobadas en mayo de 2011. Este Real Decreto revisa la dotación prevista en el Real Decreto 1700/2011, del 18 de noviembre, para la financiación de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en 2012, fijándola en un máximo de 10 millones de euros. De este modo se compatibiliza el objetivo de esfuerzo reducción del gasto con el apoyo a la demanda de este tipo de vehículos con las consecuentes sinergias positivas de eficiencia entre el sector de automoción y el de energía, y la incorporación de tecnología nueva e innovadora.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo subvencionará un 25% del precio de venta antes de impuestos del vehículo, con un máximo de 6.000 euros por unidad para flotas y usuarios particulares y de hasta 30.000 euros para los vehículos grandes (como autobuses), dependiendo del tipo de vehículo. Estas ayudas se concederán, con el mismo sistema utilizado en 2011, a aquellas solicitudes presentadas entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2012.

Ayudas a la compra

Podrán beneficiarse de las ayudas las personas físicas, autónomos, empresas, administraciones públicas y las sociedades o entidades que tengan consideración de carácter público estatal, autonómico o local.

Las ayudas se conceden para la adquisición, operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos nuevos matriculados por primera vez en España, ya sean turismos (categoría M1), furgonetas (N1), furgones (N2), autobuses (M2 y M3), motocicletas (L3e y L5e) ó cuadriciclos, tanto ligeros (L6e) como pesados (L7e).

La cuantía de la subvención individual es del 25% del precio de venta antes de impuestos del vehículo completo, incluyendo sus baterías propulsoras. Si el vehículo adquirido no incluye sus baterías propulsoras, el porcentaje del 25% de la ayuda individual pasa a ser del 35%, manteniendo los límites anteriores.

Dependiendo del tipo de vehículo y de su autonomía (en modo exclusivamente eléctrico) se establecen una serie de límites a estas ayudas:
GRUPO 1: vehículos de las categorías M1, N1, L6e, L7e, L5e, L3e. 2.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km. 4.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km. 6.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.
GRUPO 2: vehículos microbuses M2 y comerciales N2 Máximo de 15.000 euros, siempre que su autonomía sea superior a 60 km.
GRUPO 3: vehículos autobuses y autocares M3 máximo de 30.000 euros, siempre que su autonomía sea superior a 60 km.

Dada la crisis económica y la situación del sistema eléctrico, que arrastra un elevado y creciente déficit de tarifa que amenaza su sostenibilidad, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley para suspender temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovable y suprimir, también con carácter temporal, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración.

La compleja situación económica y financiera aconseja la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas emprendidas hasta la fecha no han resultado suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

Los objetivos de potencia para el año 2020 recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.

Este hecho, unido a que la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, hacen que esta medida no afecte a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020.

El Gobierno mantiene su apuesta firme por las energías renovables como parte indispensable del mix energético de nuestro país. En 2011, un 93% de la potencia instalada fue de origen renovable y estas instalaciones cubrieron un 33% de la demanda eléctrica, lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin embargo, mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda por lo que, mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación eficiente de recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo.

En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico como en el del gas.

Instalaciones afectadas

La medida afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley así como para las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.

La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, la eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, así como a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.

La norma no tiene carácter retroactivo, es decir, no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación.

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma, tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados.  Además, también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros  que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.

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El Gobierno aprueba la Planificación Energética Indicativa y el Plan de Energías Renovables (PER) a 2020, que establece el camino para que España supere el objetivo de la UE de que un 20% del consumo de energía sea de origen renovable en 2020.

La electricidad renovable cubrirá el 61% del objetivo del PER en 2020. Las renovables subirán su peso en la generación eléctrica en un 30%, en un 57% en los usos térmicos y en un 125% en el transporte. El PER generará un beneficio económico estimado en 29.000 millones de euros gracias a las menores importaciones de hidrocarburos.

Además, en el periodo se evitará la emisión de 171 millones de toneladas de CO2. Se consolidan las tecnologías maduras y se propone regular el autoconsumo y apostar por la I+D con tecnologías como la geotermia o la energía de las olas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Planificación Energética Indicativa y el Plan de Energías Renovables 2011-2020. El documento de Planificación Indicativa dibuja el horizonte energético de cara a 2020 para el conjunto del sistema mientras que el PER tiene el objetivo de lograr, tal y como indica la Directiva comunitaria, que en el año 2020 al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las fuentes renovables.

La Planificación Energética Indicativa estima un consumo de energía final en España al término del período de valores sólo ligeramente superiores a los actuales, calculados en 102.220 (ktep), con una estructura en la que destaca el aumento del peso de la electricidad, del gas y de las renovables de uso final, que se compensan con el fuerte descenso del consumo de productos petrolíferos. Con estas estimaciones, se prevé un fuerte aumento del peso renovable en el mix, que según el PER pasará de una contribución del 13,2% en 2010 a un 20,8% en 2020, y no se considerían necesario un aumento de las centrales térmicas.

Planificación Energética Indicativa

Según el informe de Planificación Energética Indicativa elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el horizonte de 2020, la progresiva participación de las energías renovables en la cesta energética española, junto a la reducción de nuestras importaciones de energías fósiles (carbón, petróleo y gas), en un porcentaje que pasará del 77% actual a un 70,9% en el año 2020, son los dos factores que contribuirán a aminorar significativamente nuestra dependencia energética del exterior en los próximos años, continuando un proceso de sustitución de energías foráneas por fuentes autóctonas que ya se inició a partir del bienio 2005-2007 y que puede mejorar en algo más de 6 puntos el grado de nuestro autoabastecimiento energético, hasta alcanzar en 2020 un porcentaje del 31,5%.

La conjunción de ambos factores, mayor participación de las renovables y menores consumos de combustibles fósiles, favorecerá por añadidura la reducción de las emisiones de CO2 en la próxima década, en particular en los procesos de generación de electricidad, que irán siendo cada vez más sostenibles y más limpios, de forma que en 2020 se emitirá un 11,8% menos por cada kilovatio/hora producido.

Las previsiones apuntan, además, a una mejora de la intensidad de energía final en una media del 2% anual.

Todo ello en un marco en el que el consumo de energía final en España al término del período considerado alcanzará valores sólo ligeramente superiores a los actuales, calculados en 102.220 (ktep), con una estructura en la que destaca el aumento del peso de la electricidad, del gas y de las renovables de uso final, que se compensan con el fuerte descenso del consumo de productos petrolíferos.

Respecto al carbón para usos finales, sólo se estima la recuperación de los niveles de consumo anteriores a la crisis. Por su parte, la producción eléctrica de origen nuclear se mantendrá constante, por lo que disminuirá su participación porcentual en el mix de generación al aumentar la demanda total de electricidad.

En cuanto a la electricidad, y debido a que actualmente existe un sobredimensionamiento de instalaciones de generación, no se prevén nuevas necesidades de potencia en todo el período, salvo las renovables contempladas en el PER y las centrales reversibles de bombeo.

Resumen del Plan de Energías Renovables 2011-2020 [PDF] [842 Kb]

Planificación indicativa 2012-2020 [PDF] [1782 KB]

La madrugada del domingo 30 de octubre deberán retrasarse los relojes una hora. A las 3:00 de la madrugada deberán cambiarse las manecillas a las 2:00

La madrugada del 30 de octubre finaliza el horario de verano establecido en todos los países miembros de la Unión Europea, por lo que los relojes deberán retrasarse una hora (a las 03.00 h serán las 02.00 h), en cumplimiento de la Directiva Comunitaria que rige el denominado “Cambio de Hora”. El “Cambio de Hora” comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Ahorro potencial de energía

Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de ahorro en iluminación en nuestro país, por el cambio de hora en los meses en los que éste ha tenido efecto, puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, equivalente a unos 300 millones de euros. De esa cantidad, 90 millones correspondería al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 € por hogar; mientras que los otros 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

Las cifras anteriores son potenciales; es decir, para alcanzarlas es necesario llevar a cabo un comportamiento racional en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como la utilización de tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural, en edificios del terciario y en industrias. Estas tecnologías ampliamente experimentadas consisten en fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación artificial en función de la luz natural aportada a la zona, a través de ventanas o lucernarios.

Gamesa trabaja en el diseño y desarrollo de dos plataformas eólico-marinas (G11X-5,0 MW y G14X, de 6-7 MW) y convertirá al Reino Unido en el centro de su actividad offshore, en el que prevé invertir 150 millones de euros hasta 2014

El Primer Ministro de Escocia, Alex Salmond, y el Presidente y Consejero Delegado de Gamesa, Jorge Calvet, han inaugurado el nuevo centro tecnológico de energía eólica marina (offshore) de Gamesa en Glasgow, que representa una inversión de 14,3 millones de euros.

Este nuevo centro de I+D, dedicado al diseño y desarrollo de la plataforma offshore Gamesa G14X, de 6/7 MW de potencia unitaria, está situado en el parque empresarial Strathclyde en Bellshill, a unos 13 kilómetros del centro de Glasgow y emplea a 40 ingenieros, cantidad que podría elevarse a más de 100 ingenieros a finales de año y alcanzar los 180 dentro de tres años.

La inauguración de estas instalaciones ha coincidido con la celebración de la conferencia Scottish Low Carbon Investment en Edimburgo, que ha congregado a más de 600 participantes y cien ponentes, para discutir sobre las oportunidades y retos de financiación de tecnologías limpias, entre ellas el offshore.

“Un año más, la conferencia ha sido un gran éxito y ha promovido un intercambio de ideas que enriquecerá esta industria, impulsará el crecimiento económico sostenible y fomentará la contribución de Escocia a la lucha global contra el cambio climático”, comentó el Primer Ministro escocés.

“Estoy encantado de inaugurar, junto al Señor Calvet, este centro tecnológico de energía eólica marina de Gamesa, líder global en la fabricación de aerogeneradores. Me complace que una empresa con una sólida reputación en su sector se haya instalado en Escocia. La decisión de Gamesa de desarrollar su nueva plataforma offshore en nuestro país avala la habilidad y el conocimiento que los trabajadores escoceses pueden ofrecer a los inversores que eligen establecerse aquí”, añadió Salmond.

“Desde el Gobierno escocés, el departamento de Desarrollo Internacional Escocés y nuestras instituciones de promoción seguimos trabajando para atraer la inversión en industrias bajas en carbono y, así, mantenernos bien posicionados para convertirnos en un centro neurálgico internacional para empresas de energía baja en carbono y en un referente para la industria de las energías limpias en Europa”, explicó el Primer Ministro escocés.

Jorge Calvet subrayó: “Nuestro compromiso es fuerte y estamos preparados para jugar un papel importante en el sector de la energía eólica marina. El centro tecnológico de offshore en Glasgow representa un paso importante en esta estrategia y nuestros planes de desarrollo del sector podrían generar empleos locales, cualificados y sostenibles en los próximos años”.

“Me gustaría reconocer el apoyo y compromiso del Gobierno escocés y las instituciones de promoción, que creen firmemente en la capacidad de esta industria para desarrollar una economía sostenible real, que aporte beneficios a nuestras comunidades. Este continuo apoyo y compromiso, así como el de nuestros futuros clientes, serán la clave en este mercado “, recalcó Calvet.

La directora ejecutiva de Scottish Enterprise, institución pública para el desarrollo de la economía escocesa, añadió: “La inauguración de este centro tecnológico supone un hito, no sólo para Gamesa, sino para el sector de las renovables. La decisión de emplazar esta instalación en Escocia pone de relieve nuestros esfuerzos en investigación, tecnología e innovación. Espero que esta estrecha colaboración con Gamesa perdure y podamos ayudarle a llevar a cabo sus planes de crecimiento a largo plazo en Escocia”.

Acuerdo estratégico con la Universidad de Strathclyde

Por otro lado, Gamesa ha firmado hoy un acuerdo estratégico de investigación conjunta con la Universidad de Strathclyde, que cuenta con un centro de formación doctoral en energía eólica.

El profesor Jim McDonald, Rector de la Universidad de Strathclyde y co Director del Consejo Asesor de Energía en Escocia, junto con el Primer Ministro escocés, explicó: “La inauguración de hoy refleja la posición de Escocia como actor clave en el sector de la energía eólica. Nuestros recursos naturales, el sistema educativo y la investigación de primer nivel nos sitúan en una posición ideal para apoyar a esta industria en expansión y maximizar los retornos de la I+D. La oportunidad que tendrán nuestros trabajadores y estudiantes de colaborar con compañías de referencia como Gamesa beneficiará tanto a nuestros licenciados como a nuestros investigadores”.

“Como universidad líder internacional en tecnología, Strathclyde trabaja estrechamente con la industria para aportar soluciones a los retos energéticos globales. Estamos encantados de ser la primera universidad con la que colabora Gamesa en Escocia y es un gran placer dar la bienvenida a su equipo”, añadió el profesor.

Gamesa en Reino Unido

La compañía trabaja en el diseño y desarrollo de dos plataformas eólico-marinas (G11X, de 5,0 MW de potencia unitaria, y G14X, de 6-7 MW) y ha anunciado que Reino Unido será el centro de su actividad eólica marina, para lo que prevé invertir 150 millones de euros hasta 2014. Gamesa estima que la construcción y desarrollo de su negocio eólico marino creará más de 1.000 puestos de trabajo directos y otros 800 indirectos entre los proveedores locales.

El Fondo de Desarrollo Regional del Gobierno escocés ha aportado 1,7 millones de euros para la construcción del centro tecnológico de energía eólica marina de Gamesa.

La compañía prevé, asimismo, construir un centro de producción de palas en Reino Unido (en una ubicación por determinar) y el desarrollo de operaciones logísticas portuarias offshore desde diferentes puertos del país, alrededor de los que situaría sus servicios de operación y mantenimiento de aerogeneradores.

www.gamesa.es

Greencities, 2º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos, es un encuentro profesional pionero en España que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 6 al 8 de octubre de 2011.

El éxito de la primera edición, que en 2010  visitaron más de 4.000 profesionales, refleja el interés y compromiso  del sector.

En el Salón se debatirán y analizarán soluciones y tendencias que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad energética, clave para el futuro de las ciudades. Se tratarán aspectos relacionados con: materiales y sistemas para la edificación, climatización e iluminación eficiente, domótica, urbanismo, movilidad y arquitectura sostenible y consultoría de servicios energéticos, entre otros.

Para ello Greencities cuenta con diferentes espacios: la Zona Expositiva, el Espacio de Experiencias, el Aula Greencities, las Jornadas Técnicas…

Puedes acceder al programa de las Jornadas Técnicas y del Aula Greencities aquí >>>

Apuesta por la continuidad de los planes anteriores, España ha conseguido en 2010 el objetivo del 9% de ahorro de energía marcado por la UE para el año 2016.

El Plan impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio evitará importar 965 millones de barriles de crudo (1,3 veces el consumo energético de España) y reducirá las emisiones de CO2 en 400 millones de toneladas.

Ahorrará 78.687 millones de euros en coste de importaciones de combustibles fósiles y de emisiones de CO2 durante esta década y movilizará inversiones por 45.985 millones de euros.

España ahorrará en el capítulo energético 78.687 millones de euros en esta década gracias al Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes por iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su puesta en marcha supondrá un acicate para la economía española, puesto que la aplicación de las medidas contempladas en el Plan movilizará unas inversiones por valor de 45.985 millones de euros que contribuirán significativamente a la creación de empleo.

En este último aspecto, el Plan estimulará la producción de empleo en el sector de la eficiencia energética, un sector que representa actualmente en España el 1,8% del PB y que previsiblemente alcanzará el 3,9% en 2020, ocupando en ese año a más de 750.000 trabajadores.

El Plan aprobado supondrá otros importantes beneficios añadidos, entre ellos, la disminución de nuestra dependencia energética del exterior (al reducir nuestras importaciones de combustibles fósiles), lo que rebajará el déficit comercial y mejorará la balanza de pagos, así como la mejora del medio ambiente al evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2.

El Plan fija un objetivo de ahorro de energía primaria de un 20% en 2020, coherente con el objetivo comunitario de mejora de la eficiencia energética acordado por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010 e incorporado por la propia Comisión Europea a la reciente propuesta de Directiva sobre eficiencia energética, actualmente en tramitación. Está además vinculado a las directrices de planificación energética contenidas en la Ley de Economía Sostenible.

Adelantados en 6 años a los objetivos de la UE

Con el nuevo Plan el Gobierno pretende dar continuidad a los excelentes resultados conseguidos en los últimos años en el capítulo del ahorro y de la eficiencia energética, que se pueden resumir en que España se ha adelantado en 6 años a las propias metas de la Unión Europea, puesto que ha anticipado a 2010 el cumplimiento del objetivo del 9% de ahorro de energía primaria sobre 2007 marcado por la Directiva europea para el año 2016.

Los ahorros alcanzados en el periodo 2004-2010 se acercan a los 450 millones de barriles de petróleo, cantidad equivalente al 62% del consumo energético final de España en 2010. Respecto al capítulo medioambiental, en el mismo período se ha evitado la emisión de 266 millones de toneladas de CO2, cantidad que corresponde al 20% de las emisiones totales de España en 2009.

Los indicadores de intensidad final y primaria (esto es, el consumo de energía por unidad de PIB) muestran también unos resultados muy positivos, puesto que se ha logrado una reducción superior a la establecida como objetivo por los planes anteriores: el indicador de intensidad final se ha reducido de media un 1,9% anual entre 2004 y 2010; y el de intensidad primaria lo ha hecho en un 2,5% anual, frente al 1% y al 1,8%, respectivamente, fijados como objetivo.

Los importantes ahorros de los últimos años se han conseguido por una serie de líneas de actuación. Entre ellas, 880 ktep por la sustitución desde 2006 de 20 millones de electrodomésticos (se ha duplicado el número de usuarios que muestra interés por el etiquetado ecológico en el momento de la compra); 92 ktep al año como consecuencia de la conducción eficiente (300.000 alumnos formados y una reducción del consumo entre el 5% y el 7%); 9 ktep/año como resultado de la instalación de 460.000 semáforos LED en 600 municipios (en 2012 todos los semáforos españoles funcionarán con tecnología LED; 121 ktep derivados de la utilización de bombillas de bajo consumo repartidas gratuitamente por el Ministerio de Industria (supone el ahorro del consumo anual de una ciudad como Valencia y la reducción de 570.000 toneladas de emisiones de CO2); y 150 ktep logrados gracias a la limitación de la temperatura en los recintos públicos.

Además, es preciso destacar los programas ya iniciados para el impulso y consolidación del mercado de servicios energéticos y el despegue del coche eléctrico gracias al programa Movele (1.530 vehículos y 546 puntos de recarga)

Reducir nuestro consumo energético un 2% cada año es el objetivo

La meta del nuevo Plan de Acción 2011-2020 es reducir los consumos de energía final por unidad de producto en un 2% anual entre 2011 y 2020, o 133.000 ktep (965 millones de barriles) de energía primaria en este período. Con ello no sólo cumpliremos las directrices de la Unión Europea, sino que reduciremos nuestra intensidad energética en más de un 20%, objetivo esencial de cara a nuestra competitividad, ya que en la actualidad nuestro consumo energético por unidad de producto es un 15% superior a la media de la UE-15.

El nuevo Plan de Acción considera prioritarias las medidas propuestas para los sectores difusos:

Transporte

En este sector se pretende conseguir hasta un 33% de ahorro con medidas referidas al cambio modal; uso racional medios; renovación flotas; PMUS; transporte al trabajo, pasillos aéreos, etc. Edificación y el Equipamiento – Se persigue una reducción del 15,6% gracias a medidas relacionadas con la envolvente edificatoria; las instalaciones térmicas y de iluminación; la alta calificación energética, y el Plan Renove de electrodomésticos.

Industria

Se espera un ahorro del 14% por la aplicación de proyectos estratégicos en la industria; implantación sistemas gestión energética, y apoyo a auditorías energéticas. Agricultura y Pesca, un 4,7% debido a mejoras de la eficiencia en instalaciones de riego; migración agricultura de conservación, y riego localizado.

Además se continuarán los esfuerzos para ahorrar energía en los Servicios Públicos y se mejorarán los procesos de Cogeneración.

Entre los ahorros propuestos para líneas concretas hay que destacar la reducción de 4.800 ktep al año en la rehabilitación energética de edificios; 130 ktep/año en la reforma del alumbrado exterior en los municipios; y los 7.500 ktep/año por el cambio modal de transporte por carretera al ferrocarril.

La multinacional navarra acaba de anunciar que ha resultado adjudicataria del contrato de suministro de energía eléctrica para todas las plantas desaladoras, potabilizadoras y otras instalaciones gestionadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Acciona les suministrará electricidad durante un año a contar desde julio de 2011 y por un presupuesto estimado de 24,1 millones de euros.

El contrato contempla el suministro de 295 millones de kilovatios hora (kWh) a las desaladoras y otras instalaciones de la compañía entre julio de 2011 y junio de 2012. En virtud de dicha adjudicación, la compañía navarra ha anunciado que, a través de su filial Acciona Green Energy Developments, “proveerá de energía eléctrica a las plantas desaladoras, instalaciones de potabilización, estaciones de bombeo, redes de transporte y distribución de agua y oficinas gestionadas por Acuamed -hasta un total de 102 puntos de suministro-, distribuidas entre las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Málaga y Madrid”.

Entre las infraestructuras más destacadas vinculadas a este contrato figuran las desaladoras de Carboneras y Bajo Almanzora (Almería), Torrevieja (Alicante), Águilas y Valdelentisco (Murcia), así como la desnitrificadora de La Eliana (Valencia) y la propia sede central de Acuamed en Madrid. El 100% de la energía proporcionada por Acciona, estimada en unos 295 millones de kWh en el conjunto del año, procederá de fuentes renovables, con certificación de origen expedida por la Comisión Nacional de la Energía. Según la compañía, “este aspecto era valorado positivamente entre los parámetros de evaluación de las ofertas concurrentes a la licitación”.

Con esta adjudicación, la empresa navarra presume de que refuerza su negocio de comercialización de energía 100% renovable a clientes finales, nicho de mercado en el que ya ha cerrado contratos “con relevantes compañías en el campo de las infraestructuras y servicios públicos”.

El más destacado de ellos es el adjudicado por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento). En virtud de ese contrato, “Acciona moverá con energía limpia en 2012 una parte relevante del tráfico ferroviario español, incluidas la líneas AVE entre Madrid, Barcelona, Sevilla y Valladolid, los trenes de cercanías de Madrid y de Barcelona, y otras líneas de larga distancia, que suponen más del 70% del suministro convocado por esta compañía para el próximo año”.

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Se introduce el concepto de consumidor vulnerable recogido en la Directiva,  figura ya existente en nuestra normativa mediante el bono social, del que ya son beneficiarios en nuestro país amplios colectivos de consumidores de electricidad.

Las empresas comercializadoras deberán presentar facturas desglosadas y disponer de un servicio gratuito de atención telefónica al cliente, al tiempo que se estipula un sistema de multas por incumplimientos de las nuevas normas por parte de estas compañías.

El anteproyecto establece una mayor armonización de las competencias de los reguladores nacionales de energía, así como el fortalecimiento de su independencia.

Se establece que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional.

La introducción de la protección a los consumidores vulnerables y su asimilación al bono social, junto con otras disposiciones de defensa del consumidor, y el fortalecimiento de la independencia de los reguladores nacionales de energía, son las principales novedades del contenido del anteproyecto de ley del Sector Eléctrico aprobado hoy por el Consejo de Ministros. La nueva norma será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate a partir del mes de septiembre y su posterior convalidación con rango de ley.

El anteproyecto aprobado hoy tiene como finalidad adecuar la ley 54/1997 del Sector Eléctrico a las directrices de la Unión Europea, para lo que transpone la directiva sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad. Además incluye importantes novedades y actualiza algunas de las disposiciones de la ley vigente para mejorar el funcionamiento del sector eléctrico.

Con unos planteamientos similares a los del anteproyecto de Ley del Sector de Hidrocarburos, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros para adaptar este sector a las normas comunes para el sector del gas natural de la Unión Europea, profundizar en la liberalización de los mercados y prestar una atención especial a la defensa de los consumidores son los propósitos fundamentales del anteproyecto de ley aprobado hoy.

Separación patrimonial

La estructura del sistema eléctrico español ya cumplía con los requisitos de separación patrimonial de los activos de transporte establecidos por la Directiva 2009/72/CE en lo relativo a las limitaciones en la participación en empresas que realicen las distintas actividades y en la toma de control de las mismas.

En el texto de la nueva normativa se contempla la certificación de Red Eléctrica de España como gestor de la red de transporte, facultando a la Comisión Nacional de Energía para realizar dicha certificación en base a lo que se establezca reglamentariamente.

Asimismo, se incluye, entre otros aspectos, las limitaciones accionariales de la sociedad matriz a la que pertenece el operador del sistema, gestor de la red de transporte y transportista.

Reforzamiento de las competencias de la CNE

Respecto a la armonización de las competencias de la Comisión Nacional de Energía con otros organismos e instituciones y en relación con los expedientes sancionadores como resultado de las actuaciones de inspección, cuyo plazo se amplía a 6 meses, se precisa que las competencias de la CNE son “sin perjuicio de las competencias de exclusivas de otros órganos de las Administraciones Públicas”, como la Comisión Nacional de Competencia. También que la tramitación de reclamaciones se conducirá en coordinación entre las Comunidades Autónomas y la propia CNE vía protocolos de actuación.

Tocante a la autorización de participaciones (Función 14), se refuerza la necesidad de justificar la denegación de la autorización de adquisiciones basándose en la existencia de riesgos significativos, y se reduce a un mes el plazo de resolución de autorizaciones para evitar distorsionar los procesos de compra-venta del mercado.

Como ya se hizo en el anteproyecto de ley del Sector de Hidrocarburos, se dicta que los actos y resoluciones adoptadas por la CNE en el ejercicio de sus funciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se incluye además una disposición que, en relación con la revisión de estándares de retribución, establece que reglamentariamente se determinarán los plazos y condiciones para elaborar la propuesta.

Defensa de los consumidores

El anteproyecto aprobado hoy presta una atención especial a todos los aspectos referidos a la atención y defensa de los consumidores. En este capítulo, además de adaptar el concepto comunitario de “consumidor vulnerable” para asimilarlo al ya existente bono social español, se introducen una serie de disposiciones, y entre ellas, se exige un desglose en la factura del consumidor de los elementos principales de coste.

También se obliga a los comercializadores a disponer de un servicio de atención para las reclamaciones que disponga de  una dirección postal y de un servicio de atención telefónica gratuito, implementado en 3 meses y un correcto mantenimiento del mismo.

Se exige a los comercializadores, además, que cumplan con los plazos de cambio de suministrador, y se estipula que los incumplimientos de las nuevas normas pueden suponer para los comercializadores multas que no podrán sobrepasar el 10% del volumen neto de la cifra de negocios.

Otros contenidos

Con respecto a la posibilidad de repercutir los tributos que establezcan las distintas administraciones autonómicas o locales de carácter no uniforme en los peajes de los consumidores del ámbito territorial de dichas administraciones, una posibilidad que ya existe actualmente para los tributos autonómicos o locales sobre la actividad eléctrica, el anteproyecto señala que también podrían trasladarse los tributos sobre las instalaciones afectas a las mismas.

También se contempla la posibilidad de que Red Eléctrica de España, S.A. realice proyectos experimentales en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y se elimina la prohibición impuesta a los operadores dominantes de limitación de importar energía eléctrica procedente de países fuera del ámbito del MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad)

El anteproyecto estipula igualmente que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional.

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